Estar
tras las rejas en colombia se ha convertido, como la novela del Nobel Gabriel
García Márquez, en una crónica de muerte anunciada, y así
lo demuestra el incendio de esta semana en la cárcel Modelo de Barranquilla que le costó la vida a diez reclusos y
heridas a 42 más (Lea aquí: A diez
ascendió el número de muertos por incendio en cárcel Modelo de Barranquilla).
La
precaria situación de los presos en Colombia se manifiesta en problemas de
hacinamiento, insalubridad y riñas, una situación similar a la que se vive
en las cárceles de otros países latinoamericanos.
Según
cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) publicadas en
mayo pasado, el índice de hacinamiento en las cárceles del país era del 55,2
por ciento, superando en 41.802 internos la
capacidad del Establecimiento Reclusorio de Orden Nacional e Internacional
(Eron).
A pesar
de que las cárceles de carácter nacional del país tienen capacidad para
albergar a 76.066 presos, actualmente hay 120.387 reclusos que copan la capacidad del sistema
penitenciario, una situación que es motivo de constantes llamadas de atención
de instituciones que velan por los derechos humanos.
"Actualmente el hacinamiento carcelario en Colombia alcanza el 58,3
por ciento, una cifra sin precedentes en la historia reciente
del país, y en algunas cárceles llega hasta
niveles del 400 por ciento", explicó el titular de la Defensoría
del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
Según
el Inpec en su informe estadístico del segundo semestre del 2013, al cierre del
año no se habían creado nuevos
establecimientos de reclusión de orden nacional para mitigar la crisis causada por la deficiente capacidad
del sistema.
A ese
problema se suma el hecho de que cada mes llegan a las cárceles
colombianas cerca de 3.000 presos y tan solo el 10 por
ciento de los reclusos sale en libertad, lo que genera un creciente
desequilibrio en el sistema penitenciario.
Otálora
dijo a la agencia de noticias Efe que para mitigar esta situación, más
que una ley "se necesita reformar el sistema acusatorio,
planear y construir nuevos centros carcelarios y penitenciarios, generar nuevos
cupos en los centros existentes y construir una política estructural, no
medidas aisladas".
De no
tomarse estas medidas correctivas el sistema colapsaría, y más cuando en
las cerca de 138 cárceles colombianas administradas por la Nación hay
graves problemas de salud.
Hepatitis, sarampión, tuberculosis y trastornos mentales son tan
solo algunas de las enfermedades comunes entre los presos del país, 600 de los
cuales están en estado terminal, según la Defensoría del Pueblo.
Según
Otálora, la única Empresa Prestadora de Servicios (EPS) de salud que atiende a
los presos "es una de las más quebradas y las demás no quieren hacerlo por que no les resulta
rentable".
A las advertencias sobre la crisis carcelaria se sumó el ministro
de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien consideró "inexplicables"
muchos hechos que ocurren en las cárceles del país y pidió mayor atención de
los organismos de control.
También
el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, se sumó al debate mediante una
carta enviada al presidente Juan Manuel Santos en la que afirma que la
situación actual "pone en evidencia la gravísima
crisis humanitaria que sufren más de 120.000 personas recluidas en las cárceles
del país".
Según Robledo, "las cárceles colombianas están operando como
una especie de centros de tortura".
Los
diez muertos y las decenas de heridos que dejó el incendio de la cárcel en
Barranquilla, según el Inpec provocado por los mismos reclusos en protesta por
una operación de registro de los agentes penitenciarios, reflejan en parte el
desespero de los reclusos del país que, según Otálora, puede terminar "en
graves catástrofes y pérdidas humanas".
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