jueves, 29 de mayo de 2014

COMO ALIVIAR LAS CRISIS DE HACINAMIENTO EN LAS CARCELES

Los centros de reclusión del país registran un hacinamiento superior al 200%. La situación es tan crítica que algunos presos deben dormir hasta en los baños y pasillos de las cárceles.
Según la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los últimos doce años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009.
Aunque hace unos días se ordenaron algunos traslados de presos de los centros penitenciarios más impactados por el sobrecupo a los menos hacinados, la congestión sigue siendo alarmante.
Por esa razón, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, propuso otras alternativas, entre ellas revisar las peticiones de los presos que ya cumplieron las dos terceras partes de sus penas, para otorgarles el beneficio de detención domiciliaria o la libertad. Esto con el fin de aliviar un poco el hacinamiento.
Sin embargo, la propuesta generó una fuerte polémica en el país, pues hay quienes aseguran que los delincuentes saldrán a las calles y volverán a delinquir.
De acuerdo con algunos dirigentes políticos, la iniciativa podría traducirse en impunidad y en mayor inseguridad para las ciudades.
No obstante, algunos expertos en justicia creen que la medida va por buen camino e incluso proponen una reforma carcelaria en el país, que sólo penalice con prisión a aquellos autores de delitos mayores.
Y es que, según estudios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el 70% de los reclusos en el país está por delitos menores.
“Las cárceles deben ser sólo para autores de delitos graves”, Gómez Méndez
¿Por qué defiende la propuesta del Ministerio de Justicia de liberar a los presos que han cumplido las dos terceras partes de sus penas como una solución al hacinamiento que presentan las cárceles del país?

Me parece que esa propuesta va en la dirección correcta e incluso yo la planteé hace dos semanas en una columna. El problema de hacinamiento tiene que ver con la ausencia de una política criminal y con la presión de la sociedad para que todo se resuelva por la vía de las cárceles. Cada vez que ocurre un hecho puntual los medios de comunicación presionan al Congreso para que saque a la carrera leyes aumentando penas. Para mí las cárceles deberían ser sólo para los autores de delitos realmente graves.
Hay quienes afirman que la liberación de presos, así sea por delitos menores, causaría un problema mayor, pues estas personas salen a las calles y vuelven a delinquir...

No, porque la idea es que en la cárcel sigan las personas acusadas de homicidio, extorsión, secuestro y asesinato. Lo que yo digo es que muchos pueden afrontar un proceso penal e incluso llegar a una condena sin que eso implique que tengan que ir necesariamente a prisión.
¿Cuáles serían esas otras alternativas de castigo?

Ya están previstas en la legislación, sólo es cuestión de que las apliquen, por ejemplo, no toda audiencia de imputación tiene que terminar en una cárcel. Lo que pasa es que, debido a la presión mediática, los fiscales y jueces no se atreven a no decretar prisión.
Pero el no penalizar con cárcel algunos delitos podría afectar la credibilidad de la justicia en el país...

No, eso no ha sucedido en otros países del mundo, donde a las cárceles sólo llegan delincuentes por delitos mayores, y hay otro tipo de sanciones. Actualmente en las cárceles del país no hay resocialización, pues estas personas terminan expertas en otros delitos, como extorsiones, y salen peor.
Más allá de liberar a algunos presos, ¿no cree se debería buscar una solución de fondo para frenar el hacinamiento?

Sí claro, es que esta es una solución de coyuntura, pero hay que revisar la legislación penal y buscar una solución mayor que vaya acompañada de una política criminal estable.
“Liberación de algunos presos es un mensaje de impunidad”, Roy Barreras
¿Cuáles serían las consecuencias de liberar u otorgar detención domiciliaria a algunos presos en el país, para frenar el sobrecupo que hay en los centros carcelarios?

El remedio no puede ser peor que la enfermedad. Hoy en día la mayor preocupación de los colombianos es la inseguridad en las calles y el hecho de que el Estado sea incapaz de brindarles condiciones dignas a los delincuentes condenados no puede significar que la solución sea sacarlos a las calles, creo que sería un mensaje de impunidad y frustración para los ciudadanos que denuncian y para los policías que se juegan la vida en las capturas.
Pero no se busca una liberación masiva, sino revisar los casos de los presos que ya han cumplido parte de sus penas o estén condenados por delitos menores...

Estamos hablando de autores de atracos, asaltos, robo a celulares, ‘fleteo’ y hurto de celulares, en los cuales los jueces del país los declararon culpables. Probablemente para algunas personas el maltrato o un abuso de un hombre a su esposa resulta de lo más normal, pero esos son los delitos que afectan gravemente la tranquilidad de los ciudadanos. Está claro que quienes ya terminaron su pena, pueden salir, pero el resto no.
Entonces, ¿qué hacer si los centros penitenciarios del país presentan un hacinamiento superior al 200%?

Por eso digo que el remedio no puede ser mayor que la enfermedad, el Estado tiene que adecuar los centros penitenciarios porque los ciudadanos decentes no tienen por qué pagar las consecuencias de su incapacidad para contener a los delincuentes. Primero las víctimas y luego los victimarios.
Sin embargo, el que estén presos no es una garantía, pues no hay una resocialización y muchos salen a las calles peor de lo que entraron...

Sin duda, es que estamos hablando de dos situaciones diferentes. El hacinamiento frena la resocialización, eso es inhumano y ahí hay un primer problema, pero el otro es la inseguridad en las ciudades. No se puede resolver el primero empeorando el segundo.
En otros países hay sanciones diferentes a la cárcel, ¿por qué no aplicarlas en Colombia?


Para mí una medida que signifique aumentar la inseguridad se debe revisar, yo más bien ofrezco mi apoyo para se construyan más cárceles.

AQUI NO HAY CAMA PA TANTA GENTE

Aquí no hay cama pa' tanta gente. Con esta estrofa de una de las salsas más conocidas del Gran Combo de Puerto Rico los presos de la cárcel de La Picota, en Bogotá, explicaron a Efe el hacinamiento en el que viven y su exposición a enfermedades contagiosas como la tuberculosis.
Y es que las prisiones colombianas, aquejadas de históricos problemas estructurales, atraviesan uno de sus peores momentos con una tasa de superpoblación del 48,5 %.
Los 142 centros penitenciarios del país no son suficientes para albergar a 112.356 presos, un excedente de más de 36.000 cupos, según cifras que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) facilitó a Efe.
Durante una visita a este centro de reclusión, que acoge exparamiliares, guerrilleros, delincuentes comunes, asesinos y violadores, los presos expresaron muchas de sus inquietudes.
Entre ellas figura que en el Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), el más moderno complejo de La Picota, cada cuatro presos comparten una celda, tienen café e infusiones, pero las ventanas no tienen cristales para ver "la luz del sol".
Estos reclusos son los más afortunados, ya que sus compañeros de otros módulos y demás cárceles de Colombia padecen un frío tremendo y se quejan de desatención sanitaria.
"En una ciudad hay infartos, enfermedades terminales, virales. Y eso pasa también en los centros carcelarios", reconoció en una entrevista con Efe el director del INPEC, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, al referirse al hacinamiento y al actual replanteamiento de la administración de salud en las cárceles como agravantes.
La alerta la dio el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, quien denunció en un informe que en la última semana murió de tuberculosis un preso de La Picota, enfermedad que afecta a al menos once reclusos entre esta prisión y la Modelo, también de Bogotá.
Y la semana anterior, según Cepeda, murieron cuatro internos en la cárcel de Bellavista, cercana a la ciudad de Medellín, en el noroeste de Colombia, por "falta de atención médica", además de que hubo 180 intoxicaciones al parecer por alimentos en mal estado.
La situación se completó con una huelga de hambre en el penal de Puerto Triunfo, también cercano a Medellín, donde cinco reclusos se cosieron la boca en señal de protesta.
El director del INPEC y la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, iniciaron este viernes en Bellavista una gira por las cárceles colombianas, acompañados de odontólogos, epidemiólogos, enfermeros y psicólogos, para revisar la salud de los presos y entregarles tapabocas (mascarillas) artículos de aseo y ropa.
Para Ricaurte, el hacinamiento es una consecuencia de la aplicación desde 2005 del sistema penal acusatorio, que recluye a los delincuentes mientras la Justicia investiga sus casos y les llama a juicio, lo que en ocasiones perpetúa su estancia en los centros.
La población se multiplicó también con leyes como la de Seguridad Ciudadana, que sanciona más conductas y amplía las penas, lo que, según dijo Cepeda a Efe, contribuye al hacinamiento y crea una descompensación entre la excesiva condena de delitos menores y la impunidad de crímenes de lesa humanidad en Colombia.


CÁRCELESAunque la cárcel Modelo tiene una capacidad para 2.907 personas, cerca de 8.000 sobreviven en sus patios, entre droga, miseria, violencia y abandono. Actualmente, el 48% de los reclusos están ubicados y el 52% buscan un espacio dónde vivir.

La puerta central se abre con violencia. Dos motos custodian un bus del Inpec que lleva cerca de 50 hombres. Los que van de pie están esposados a la barra superior del móvil, los que viajan sentados miran desorientados por la ventana. Parecen animales asustados que presienten un amargo fin. Todos, con ropas pobres y sucias van en camino al Centro de Servicio de Juzgados de Paloquemao, al suroriente de la ciudad, donde definirán su situación judicial.

En la Modelo, tres rejas de seguridad y un par de sellos conllevan a diario a abogados, visitantes y funcionarios al control central. Los vidrios de protección dejan al descubierto los rastros de unas cuantas balas, marcas de un tiempo no muy lejano donde grupos al margen de la ley se enfrentaban con la guardia para legitimar su poder. Resulta imposible no comparar la organización de la cárcel con la de la ciudad: al sur, salen a flote las necesidades y el desamparo. Al norte, un mejor lugar para vivir.


En el penal, el ala sur se compone de los patios 3, 3A, 4 y 5 donde conviven delincuentes comunes y violadores en las más precarias condiciones. En el ala norte, en los patios 1A, 1B, 2A, 2B, Nuevo Milenio y Alta Seguridad están ubicados los narcotraficantes, paramilitares, autodefensas e internos de cuidados especiales que sobreviven entre colchonetas, espumas y, a veces, drogas.

Los del norte no conocen a los del sur. A los del sur no les importan los del norte. Sin embargo, tanto los unos como los otros tienen un notable número de sindicados que, bajo esa categoría, son los que más sufren las penurias de la mazmorra.

A sus 23 años, Víctor fue retenido y trasladado a la cárcel Modelo por una denuncia que Alejandro, su cuñado, interpuso en su contra. El 13 de enero de 2012, cuando llegó a su casa, ubicada al sur de la ciudad, luego de trabajar 11 horas, se dio cuenta de que Alejandro golpeaba sin escrúpulos a su hermana María, a tal punto de dejarla inconsciente. Sin pensarlo dos veces, Víctor sacó un puñal. “Cuando vi que ese man le pegaba a mi hermana, de 16 años, no aguanté las ganas de darle su sustico. Por su culpa, ella estuvo 90 días en el hospital y nunca más pudo volver a respirar por sí sola. Todo el tiempo usa una manguera especial que le da vida”.


El recuerdo de ese episodio doloroso hace que Víctor se llene de rabia y de lágrimas. Sin tener con qué secarse y sonarse, pasa sus manos por la cara y después de calmarse prefiere ir a caminar.

Durante unos minutos acaricia sus muñecas y pide salir a un pequeño huerto que está al costado. Afuera, respirando la fragancia putrefacta del desagüe, en compañía del sonido de unos cuantos tambores Víctor suspira y dice: ¿Usted sabía que solo los condenados tienen derecho a hacer música, a cortar el pasto, a sembrar verduras? Personas como yo no tenemos derecho a nada. ¿Por qué? Porque yo solo llevo 3 meses y 10 días aquí. Los sindicados solo tenemos derecho a respirar y punto.

En los pabellones del patio 1A pulula gente. El suelo, las celdas, los baños y hasta los mismos barrotes sirven para amarrar colchonetas o frazadas como un recurso desesperado para conciliar el sueño, aunque sea por unas pocas horas. Al llegar al patio, Víctor señala el lugar donde duerme: una esquina mojada e inestable, no mayor a un metro. Al igual que él, diez internos más ocupan la fila de cemento.

Solo los paramilitares, narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco, pueden pagar alrededor de 2 millones de pesos por celda, pero Víctor no lo sabe. Nunca lo ha preguntado porque en sus bolsillos no hay más que vacío.

Sin importar que llueva y haga frío, Víctor y sus compañeros de pasillo soportan desde las seis de la tarde las inclemencias de la noche. Con el tiempo, él como los demás, se acostumbró al desaseo de unos cuantos, a sus enfermedades y a sus pesadillas. Su única forma de librarse del hacinamiento que lo ahoga es ver televisión. En medio de novelas y noticieros se le pasa el tiempo, el día y la vida.


De domingo a domingo se levanta a las cinco de la mañana, hace fila en las dos únicas duchas que hay en su patio y luego espera unas tres horas para el desayuno. Lo que sigue es tiempo perdido.

En el tiempo que ha permanecido en la cárcel solo ha logrado relacionarse con un interno al que le dicen El Costeñito, un hombre que lleva a cuestas 30 años de condena. Aunque para Víctor ha sido su ángel de la guardia, aún no ha sido capaz de preguntarle su nombre. “Ese viejito ha sido el único que me ha tendido la mano, hasta él me guarda mi ropa y mis cosas de aseo en su celda”.

El Costeñito, cojo de nacimiento, cuenta que la pobreza infinita de Víctor solo le ha permitido comprar dos tarjetas para poder llamar a su casa y saber de Daniela, su hija de seis años. Ella no sabe ni sabrá que su papá está en la cárcel.

La última carta con la que juega Víctor para ver a Daniela pronto es que hoy, en su última audiencia, el juez decida dejarlo en libertad. Sujetando un pequeño crucifijo que tiene en el pecho, confía en que Dios estará de su lado para salir de la Modelo, pues cree que los milagros existen y que el castigo más grande ha sido vivir en carne propia las miserias de una cárcel que solo le ha dado soledad, hambre y abandono.

Aunque a Víctor se le podría definir su situación judicial en menos de seis meses, también existe la posibilidad de que se una a los 783 sindicados de la Modelo que llevan más de dos años a la espera de un fallo en un sistema que aplica indiscriminadamente la medida de detención preventiva. Solo entre agosto de 2010 y enero de 2011 ingresaron al penal en calidad de sindicados 1.485 hombres.

La cárcel es vigilada por un capitán, 7 tenientes y 368 dragoneantes. Sin embargo, solo dos guardias custodian cada uno de los diez patios, durante turnos de ocho horas. En la Modelo se conjugan dos mundos completamente distintos.

El ala sur a diario recibe a un mínimo de 15 hombres, bajo el perfil de delincuentes comunes, homosexuales, personas de la tercera edad y enfermos. El ala norte, les da la bienvenida a cerca de 5 internos por día. No obstante, en ambos contextos, el problema más complejo que soportan los reclusos es el hacinamiento.
  
El insomnio se suma a otros problemas como la alimentación, que dentro de la Modelo se presenta como un suplicio adicional. Aunque se entregan las tres porciones diarias, la comida desde el punto de vista nutricional no cumple con los requerimientos mínimos. La Procuraduría General de la Nación destacó en un informe que los suministros alimenticios de la cárcel son insuficientes y aumenta los riesgos para la salud de los reclusos. En una jornada diaria en el almuerzo predominan los granos y el arroz como los alimentos principales que no brindan el factor nutricional adecuado.

En el establecimiento, los malos olores y el pésimo estado de las cañerías, hacen que la situación en materia sanitaria sea crítica. El servicio de agua es irregular, gracias a los constantes cortes durante el día. Esta situación desencadena varios desencuentros entre los internos, ya que no todos están dispuestos a madrugar para ducharse. Por esto, en el ala sur, donde conviven las clases sociales más bajas, el mal olor se incrementa debido a que muchos reclusos, que están cerca de la indigencia, no les importa pasar días o semanas sin tomar un baño, convirtiéndose en una molestia adicional para sus compañeros de piso.

Estas fallas en el establecimiento hacen que la cárcel sea una experiencia difícil de sobrellevar. El número oficial de tutelas interpuestas a la Modelo entre 2005 y 2007 fue de 173 debido a la falta de apoyo logístico y presupuestal para atender los requerimientos y necesidades de los internos.

Incluso la administración del penal reconoce que las áreas que reciben más reclamos son Sanidad, Jurídica y Registro y Control por su incidencia en el bienestar personal de los internos y su libertad. Las precarias condiciones en los servicios de salud y la falta de instalaciones hacen que los internos enfrenten una especie de doble condena: la privación de la libertad y las pésimas condiciones de la cárcel.

Sin duda, los sindicados son quienes más sufren, sin demostrarse su inocencia o culpabilidad, son duramente castigados por el entorno, viéndose sometidos a las penurias que ofrece la prisión, que no cuenta con las suficientes garantías para los imputados. Esto a pesar de que la Oficina del Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la legislación colombiana reiteran la necesidad de que los sindicados sean objeto de un régimen alterno al de los reclusos condenados.


El hacinamiento ha recrudecido problemas como la violencia y los abusos sicológicos y físicos dentro de la cárcel, que junto a la larga duración de los procesos, la poca celeridad del sistema judicial y la imposibilidad de acceder a una buena defensa legal, se convierten en factores que juegan en contra de la dignidad de los internos.

LAS PRISIONES DE COLOMBIA UN PROBLEMA DE TODOS

Actualmente hay alrededor de 115.000 personas detenidas en las prisiones colombianas. De éstas, aproximadamente el 94% son hombres y el 6% mujeres; el 70% son condenados, mientras que el 30% restante son sindicados. El 35% de los sindicados del país, quienes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, llevan más de un año presos, y el 15% más de dos años. El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años tras las rejas; el 39% entre 6 y 20 años, y el 16% restante más de 20 años.

Todas estas cifras se hacen más reveladoras si se tiene en cuenta que, en las condiciones actuales, estar privado de la libertad en una cárcel colombiana, en la inmensa mayoría de los casos, constituye una experiencia dolorosa e inhumana, dadas las precarias condiciones de vida que los centros de reclusión a cargo del Estado ofrecen a los presos: a pesar de la construcción de diez nuevas prisiones, que generaron 22.000 nuevos cupos a un costo de 1,2 billones de pesos, la gran mayoría de la infraestructura de las prisiones colombianas es obsoleta, por lo que no está en condiciones de albergar de manera digna a una población del tamaño de Sogamoso o Zipaquirá; los servicios de salud son escasos y deficientes; las condiciones de salubridad e higiene son tan pobres que las personas detenidas sufren de manera desproporcionada frente al resto de la población de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis. A lo anterior debe sumarse la mala alimentación, la violencia y los maltratos, físicos y psicológicos, a los que se ven sometidos los reclusos.

La lamentable situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en buena medida por las altas cifras de hacinamiento del sistema, hoy en día cercano al 30% (igual al promedio de los últimos 20 años), pero que en algunos establecimientos más grandes, como la Modelo y la Picota en Bogotá, Bellavista en Medellín, y Vistahermosa en Cali, supera el 100%. Por esto no es de extrañar que una de las supuestas finalidades de la prisión, la resocialización de los reclusos, sea un objetivo inalcanzable, pues no existe ni la infraestructura ni los medios suficientes para ofrecer programas de educación y trabajo que ayuden a los reclusos a reintegrarse a la sociedad.

La falta de oportunidades de integración al mercado laboral de quienes salen de prisión, en su mayoría hombres de entre 18 y 30 años con bajos niveles educativos, explica en un alto grado los significativos niveles de reincidencia de la población reclusa colombiana: entre 2002 y 2010, en promedio, el 15% de esta población era reincidente; de ésta, el 30% lo era por el delito de hurto, que a su vez es el delito por el que más personas terminan en prisión.

El anterior panorama evidencia que la prisión colombiana no es otra cosa que una forma brutal de castigo e incapacitación, pues es todo lo que hace, de miembros de los sectores más pobres y marginales de nuestra sociedad.

A pesar de que lo anterior es suficiente para cuestionar la función que cumplen las cárceles colombianas, queda un argumento popular entre los gobiernos y buena parte de la población: la prisión y su dureza cumplen con fines de disuasión social y retribución que deberían llevar a la reducción de la criminalidad o, al menos, a su justo castigo. Sin embargo, ambos argumentos son débiles. En cuanto a la disuasión, a pesar del endurecimiento de la política criminal, que se refleja en el aumento significativo y constante de la población carcelaria (un 292% entre 1994 y 2011), los índices de criminalidad en Colombia son altos bajo estándares internacionales y han tendido a aumentar notablemente (casi un 72% entre 1994 y 2008). Por lo tanto, la prisión no cumple de forma significativa con una función disuasiva.

La pretendida justicia retributiva del castigo es cuestionable por dos razones: primero, porque éste es desproporcionado e inequitativo, como lo demuestran el aumento descontrolado de las personas presas, que no se corresponde con el aumento de la delincuencia, y el hecho de que se aplique principalmente a personas pobres y excluidas. Segundo, porque en un Estado de derecho el fin retributivo de la pena jamás justifica que su ejercicio conlleve la violación continua de los derechos humanos de los detenidos.

Bajo estas condiciones, el poder de castigar del Estado pierde toda legitimidad. Y sin embargo, el gobierno actual, como sus antecesores, parece atrapado por una lógica que pretende darnos más de lo mismo: nuevas prisiones (está planeada la construcción de 5 dentro de los próximos 3 años) y penas más largas. Esta es una política pública errada, costosa e injusta. Por esto las cárceles sí son un problema de todos los colombianos, quienes debemos exigirles más a nuestros gobernantes para que tomen decisiones razonables e incluyentes, dignas de un régimen que se proclama democrático.

*Profesor y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
En Colombia también hay cárceles a punto de estallar
Lo ocurrido en Honduras obliga a mirar la situación de los penales en el país, con un hacinamiento del 33%
Por Colprensa Y Área Nación | Publicado el 19 de febrero de 2012
Las dramáticas imágenes de la tragedia en el penal de Comayagua, en Honduras, en las que 357 reclusos murieron calcinados, conmocionaron al mundo.

Comayagua, una cárcel diseñada para 250 reclusos, albergaba 852. El hacinamiento y la superpoblación son problemas que afectan a muchas cárceles latinoamericanas.

La de Bellavista, en Medellín, sobrepasa en 200 por ciento su población carcelaria, pues alberga más de 4.800 internos por encima de su capacidad.

"El mayor problema de las prisiones en Latinoamérica es la superpoblación. Las prisiones albergan un 30 por ciento más de reclusos de lo que deberían, pero en muchos casos se llega hasta el 100 por ciento (de más), lo que propicia las tragedias", dijo Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en respuesta a lo ocurrido en Honduras.

En Colombia, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), divulgados en diciembre pasado, el hacinamiento alcanza el 33 por ciento.

La población carcelaria es cercana a los 92.000 reclusos, en los 144 centros penales del país.

Y aunque la construcción de diez nuevas cárceles en el país, en los últimos seis años, logró reducir en 2010 el hacinamiento a un 24,2 por ciento, la aplicación del Código Penal no permite una descongestión efectiva de las cárceles.

En noviembre del año pasado, según cifras del Inpec, la población de reclusos aumentó en 844 internos. Y en 2010, las estadísticas señalaban que entre enero y diciembre, el número de internos promedio creció en 640 al mes.

Como lo ha explicado el director del Inpec, coronel Gustavo Adolfo Ricaurte , esa tendencia al crecimiento obedece a la aplicación de la política penal del Estado colombiano, esto es, un Código Penal que castiga con más penas privativas de la libertad.

Y es que por cada cuatro reclusos que ingresan a las cárceles solo uno recobra su libertad.

El representante Iván Cepeda calificó la situación como una bomba de tiempo. "Lo hemos dicho en repetidas oportunidades: hay cárceles que son bombas de tiempo. Los niveles de hacinamiento, el nivel de desprotección con respecto a las políticas penitenciaria y carcelaria, hacen que la situación sea alarmante en materia de derechos humanos", dijo el congresista.

Manejo de la prevención
Aunque en Colombia no se recuerda una tragedia similar a la de Comayagua, sí han ocurrido incendios al interior de las celdas de los reclusos. Uno de los más recientes ocurrió en la cárcel de Ternera, en Cartagena, en 2008.

En esa oportunidad Jorge Eliécer Granados Urdaneta , de 23 años, fue víctima de las llamas luego de que un compañero de celda, frustrado, al parecer, porque no lo trasladaron, le prendió fuego a una colchoneta mientras otros presos dormían.

"Allí siempre ha sido un inconveniente tratar de establecer algún plan de choque para actuar en caso de una emergencia, no hay disposición por parte de las directivas del penal para ello. Ni siquiera sabemos si hay extintores", dijo un integrante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Situación similar ocurre en Bogotá, donde el contacto entre las directivas de los penales (La Modelo y La Picota, para hombres, y El Buen Pastor, para mujeres) y los integrantes de Bomberos es prácticamente nulo.

En Honduras, el jefe de ese cuerpo de socorro, Leonel Silva , les manifestó a los medios locales que los guardias de la penitenciaría les impidieron el ingreso, porque pensaron que el incidente era una excusa para una fuga.

Si a eso se suma el testimonio de los reos sobrevivientes, se hace urgente pensar que en Colombia es necesario revisar los planes de mitigación y evacuación en los penales nacionales, sin descuidar, obviamente, la seguridad para evitar escapes de detenidos.

Según Fabricio Contreras , preso hondureño, que las puertas que de la sección de las celdas dan a los patios estaban cerradas y que nadie les abría. Por su parte, José Rivas , también interno de esa cárcel hondureña, dijo que vio a sus compañeros pegados a las rejas tratando de salir, "pero que se quedaron allí pegados y quemados".

"Lo de Honduras, sin duda, prende las alarmas y es un mensaje para que desde el Inpec se revisen los planes de evacuación en las cárceles colombianas, y, de ser necesario, se actualicen. No solo para cárceles como Bellavista, sino para otros centros penales del país", dijo Jairo Herrán Vargas , personero de Medellín.

En ese lugar, además, dijo que los pocos extintores que hay no son suficientes para atender a la población carcelaria. De hecho, reveló que la próxima semana hará una visita al reclusorio para establecer si esos elementos cumplen con la normatividad exigida por los organismos de socorro.


Hacinamiento y superpoblación se unen a otros problemas que afectan a las cárceles colombianas: corrupción, violencia, delito. ¿Una verdadera bomba de tiempo?

UNA VISION AL REDEDOR DEL HACINAMIENTO

La experiencia que me dejo la visita a los alrededores de la cárceles es que la gente se encuentra muy disgustada con el gobierno por el hacinamiento, que actualmente se esta viviendo en las cárceles. Porque no hacen nada por solucionarlo y que además, no todos los que se encuentra recluidos en estos centro penintesiario son verdaderamente culpables. O sus condenas se pueden cumplir con el beneficio de detención domiciliaria para descongestionar un poco las cárceles.
Me entere que al interior de las cárceles trata a los internos como animales y no como personas que verdaderamente son y que es ciertos que cometieron un delito pero no justifica el trato, también me di cuenta y pude observar que a los alrededores de la cárcel la modelo, predomina las basuras, generan olores desagradables para los internos, aunque este centro penintesiario es un poco mas familiar, a comparación de la cárcel la picota, donde hay mayores restricciones para los reclusos. Por ejemplo No lo dejan tomar el sol directamente en el dia, si no que lo saca al patio cubierto una o dos horas no más, estilo a los estados unidos y estamos en Colombia.
La ubicación de las cárceles se encuentra dentro de localidades distrito y en sus alrededores hay tiendas, bodegas, empresas y batallones militares. No es muy factible estar en una zona urbana por que la mayoría de personas no ven muy adecuado vivir a los alrededores de una cárcel, por la influencia negativa que produce, a los niños e jóvenes en su formación.
El ingreso a una cárcel le causa a uno, traumas sicológicos, al observar la situación de los reclusos en su convivencia y lugar deteriorable en que viven, pues es una celda de 1x2 metros de area, donde se albergan 4 a 5 personas por celda. Me entere también que en el interior de las cárceles, hay unos grupos denominados las plumas, quienes son los que manejan la cárcel a su antojo y también el dinero en bastantes cantidades.
Cuando me encontrar recolectado información de las cárceles, mediante fotografía e entrevista sobre que sabia la gente del hacinamiento actual de la cárceles, me di cuenta que la profesión de periodista mas alla de informar porque sin importar lo que tenga que hacer asi arriesgue su propia vida por una nota o una chiva, debe asumir los riesgo y encontrar la verdad, aunque en este país no hay libertad de prensa, y se omite mucha información relevante.

Por ultimo, les recomiendo a no infringir las leyes, y vivir en convivencia con la sociedad, pues las personas que se encuentra en estos sitios son producto de infringir la ley.

CON LA ENTRADA DEL NUEVO CODIGO PENINTECIARIO SERA LA SOLUCION A LAS TANTAS SOLICITUDES

Aunque el nivel de hacinamiento en las 138 cárceles del país sigue siendo alarmante –54 por ciento– desde la implementación del nuevo Código Penitenciario, ha habido una reducción del 4,6 por ciento.
Así lo revela el Inpec, al señalar que desde el 20 de enero pasado –cuando entró en vigencia el nuevo Código– cerca de 11 mil presos han salido de las prisiones: 1.958 presos obtuvieron la suspensión de la pena, a 6.596 reclusos los jueces les otorgaron la libertad condicional y otros 1.572 obtuvieron el beneficio de prisión domiciliaria.
A las cifras de reducción se suman otros 5.000 condenados que lograron los mismos beneficios, porque ya cumplieron las tres quintas partes de la pena, demostraron un buen comportamiento y comprobaron arraigo familiar.
Incluso, según el Inpec, el hacinamiento podría bajar más si culmina el trámite de más de 15.000 solicitudes.
A la fecha, 8.220 internos esperan que un juez les otorgue la libertad condicional, 2.683 presos tramitaron la suspensión de la pena, 2.559 reos solicitaron la prisión domiciliaria y 2.418 pidieron su salida de las cárceles por pena cumplida, para un total de 15.880.
La mayoría de los reclusos que se han acogido a la norma son condenados por delitos como hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; inasistencia alimentaria, lesiones personales y violencia intrafamiliar.
Una de las beneficiarias del nuevo Código fue Lady Tabares, la joven que se hizo famosa al protagonizar la película de Víctor Gaviria La vendedora de rosas.
Tabares salió del pabellón de mujeres de la cárcel El Pedregal, de Medellín, luego de cumplir la tercera parte de su pena y al justificar que era madre cabeza de familia, por lo cual un juez le otorgó la prisión domiciliaria en su vivienda en Bello (Antioquia), donde deberá completar la condena de 26 años de prisión por homicidio.
El director del Inpec, el general Saúl Torres, aseguró que el deshacinamiento de las cárceles es un proceso que requiere el compromiso de crear una política criminal. Esto, porque mientras se gestionan libertades, al tiempo otras 10.000 personas ingresan al sistema carcelario.
Citó, por ejemplo, que mientras este año han salido de los penales 16.838, otros 14.065 han ingresado, lo que traduce una diferencia de solo 2.773.
Actualmente, hay 117.796 presos y las cárceles con mayor sobrepoblación son las de La Guajira, donde el hacinamiento es del 440 por ciento; seguidas por la de Santa Marta, donde el nivel es de 351 por ciento. En la lista aparecen la cárcel de Magangué, Valledupar y Cali.


EL HACINAMIENTO TAMBIEN EN LAS URI


La directora seccional de Fiscalías, Carmen Torres, señaló que a pesar de que los funcionarios del Inpec hayan levantado las protestas, el problema de hacinamiento en las URI de Bogotá y otras seccionales del país no termina.


Sindicato del Inpec en Santander suspende temporalmente la protesta


Gobierno se compromete con salarios del Inpec
"El tema del hacinamiento de las URI no es un tema nuevo. Es algo que se viene presentando hace más de tres años porque hay cupos mínimos en las cárceles para el ingreso de personas detenidas", explicó.

Asimismo, advirtió que el problema, especialmente en la capital de la República supera el 100 por ciento; sin embargo, sostuvo que dentro de los trabajos de la Fiscalía no se encuentra solucionar la problemática, pues es un problema del Gobierno en general.


"La labor de la Fiscalía es solamente recibirlos de forma transitoria mientras que el Inpec dispone el centro de reclusión. La Fiscalía no tiene nada que ver con el ingreso de los reclusos a los centros de reclusión", insistió Torres.


Agregó que las URI son celdas de paso donde permanecen los internos mientras se generan los cupos en la prisión, por eso mismo aseguró que "estos paros lo que hacen es complicar más esta situación".


Precisamente, según las cifras de la Defensoría del Pueblo, durante la jornada de protesta por parte de los guardias del Inpec, se obligó al cierre de 37 cárceles en el país, así como al represamiento de 300 diligencias "por la negativa a realizar la remisión de los internos".


De todas maneras, la directora seccional de Fiscalías dijo que confía en que con la normalización de actividades por parte de la guardia carcelaria, en las próximas horas se habiliten nuevos cupos en los centros de reclusión.


"Los voceros del Inpec nos manifestaron que en un plazo de 24 horas, se empezaran a habilitar nuevos cupos y que eso permitirá que disminuya la sobrepoblación en estas celdas de paso" indicó.


Por su parte, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, señaló que se pondrá en marcha un plan de contingencia que incluye la priorización y visita de 11 cárceles para revisar la situación carcelaria.


Según Otálora dicho plan se realizará de la mano con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Inpec y el Consejo Superior de la Judicatura.

En las últimas semanas se denunció en los medios de comunicación la alarmante situación de hacinamiento de las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Bogotá. Situación ante la cual se anunciaron medidas inmediatas por parte de las autoridades para lograr su descongestión.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y la administración distrital llegaron a un acuerdo para realizar traslados que permitieran aliviar el sobrecupo en estos centros, una especie de lugares de paso de los detenidos por la justicia 

Sin embargo, un nuevo informe de la Personería de Bogotá indica que el hacinamiento continúa y que se ha convertido en una 'bomba de tiempo'. Según la entidad, las cinco URI existentes presentan un sobrecupo del 222%, pues tienen capacidad para mantener un máximo de 140 detenidos, pero albergan 312.

Según la Personería, las URI “no cuentan con camas, alimentación, baños ni mínimas condiciones de permanencia digna; hay ciudadanos recluidos desde hace más de 15 días que duermen en los pisos, lo cual ha generado grave riesgo por insalubridad e inseguridad”.

Para ese organismo, “nuevamente se ha detectado un sobrecupo que ha incidido en la aparición de enfermedades y proliferación de virus”, lo que convirtió la cuestión del sobrecupo en un problema de salubridad, pues “genera enfermedades y proliferación de virus a los detenidos y a los funcionarios de las entidades”.

Las cinco URI existentes son las de Ciudad Bolívar, Kennedy, La Granja, Paloquemao y Usaquén. La problemática se extiende además a las celdas del CTI, en las que una persona no puede permanecer durante más de 36 horas.

Además, la Personería encontró recientemente que se están generando condiciones de inseguridad para los funcionarios, pues su contacto es permanente con retenidos que permanecen esposados en pasillos y escaleras por donde deben desplazarse, con el riesgo de ser víctimas de eventuales agresiones.
    
“En algunas URI los internos han intentado amotinarse, debido, además de la inseguridad, al desespero a que han llegado por permanecer durante largas jornadas en malas condiciones y por no haber solución de traslado de las personas que llevan mayor tiempo retenidas”, añadió la Personería. En las URI también se han detectado varios intentos de fuga.

En las URI, la mayoría de los internos tienen medida de aseguramiento por varios delitos, mientras otros esperan el trámite de judicialización.



martes, 20 de mayo de 2014

MODELO REPRESIVO O UNA POLITICA CRIMINAL O MAL ENCAMINADA

Hay una utilización sistemática del aparato judicial y del sistema penitenciario como arma de guerra contra amplios sectores de la sociedad. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales por las políticas represivas del Estado”. Informe situación carcelaria 2011

La gravísima situación de las cárceles colombianas se expresa en: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber afrontado un juicio, desde hace años sindicadas, que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal”.  Iván Cepeda


El hacinamiento en las cárceles colombianas tiene grado crítico: conlleva insalubridad, aumento de enfermedades, dramáticas relaciones condicionadas por la escasez de espacio y mínimos vitales, lo que vulnera la integridad física y síquica de la población reclusa. En varias providencias judiciales se contempla el hacinamiento como un estado permanente de tortura. Representa un factor de riesgo contra la vida misma de los internos.
La alerta humanitaria máxima por hacinamiento es evidente: en La Picota hay 9.028 internos, cuando su capacidad es solo para 2.000 internos; en La Modelo hay 6550 presos cuando está prevista solo para 2.700 [1]. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), a marzo 2012, las cárceles de Colombia alcanzan una sobrepoblación de 39,5 % [2]. El dramático aumento de la población carcelaria en los últimos años es un termómetro de la realidad represiva que vive Colombia. 

1.    40.000 personas presas sin juicio, 800 enfermos terminales y lisiados, y los ‘dormitorios’ cuelgan del techo

En el Foro "Colombia Entre Rejas",  el representante a la Cámara Iván Cepeda, denunció:
La gravísima situación de las cárceles colombianas se expresa en cifras como por ejemplo: que 40.000 personas estén presas sin todavía haber afrontado un juicio y que están desde hace años en situación de personas sindicadas en las cárceles, que más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas estén enfermas con carácter terminal (...) Voy a presentar una iniciativa tendiente a que pueda haber algún tipo de medidas de des-hacinamiento, para que por lo menos se cree la figura de excarcelación por razones humanitarias para personas que están en situación de enfermedad terminal (...) Hay una política criminal del estado colombiano que promueve la penalización y la represión de la protesta social, del derecho a disentir; y que tiene como colofón la impunidad de los criminales de Estado(...)  [3]
En marzo 2012 Noticias Uno publicó imágenes exclusivas de la dantesca situación [4]:
“Los guardianes y los 9.028 internos de la cárcel La Picota -que tiene capacidad solo para 2.000- están en alerta máxima porque: ‘La cárcel Picota no resiste más internos’. No soportan más el hacinamiento ni los riesgos que corren por las graves enfermedades (…) advirtieron que el hacinamiento está a punto de causar una epidemia. Los guardianes y reclusos de las dos principales cárceles de Bogotá grabaron videos que evidencian las condiciones de hiper-hacinamiento. (…) En La Modelo el hacinamiento es tal que ahora se disputan hasta los cielorrasos de los pasillos. ‘Los pabellones que cuentan con 130 celdas con medidas de 1.80 por 2 metros cuadrados que normalmente debe ser humanamente para pernoctar una persona, en el momento la adecuaron para 5’. Un interno que el año pasado denunció su grave situación en Noticias UNO, no pudo recuperarse: ‘Álvarez Tonguino, pese a que hubo una denuncia de los medios, se murió’ [por negación de asistencia médica]. No solo las enfermedades tienen en peligro a los presos, sino que la cárcel se ‘está cayendo a pedazos’. El sindicato denunció que la cárcel La Modelo de Bogotá también tiene serios problemas de hacinamiento: diseñada para 2700 internos, hay 6550 presos. Los reclusos que no encontraron cupo en las celdas y tampoco en el suelo tuvieron que ocupar los únicos espacios que quedaban… los techos de los pasillos. Con mallas, sábanas y ropa vieja, fabricaron hamacas y las amarraron a los cielorrasos.”

2.    Huelga de hambre nacional de al menos 617 presos políticos, totalmente silenciada

Durante el mes de marzo los presos políticos y los presos políticos de guerra hicieron una huelga de hambre a nivel nacional, para reclamar la cesación de la reiterada práctica de la tortura física y sicológica, para reclamar contra la negación de asistencia médica de la que son víctimas por parte del estado (tortura que los empuja a la muerte), para reclamar contra las condiciones de hacinamiento y vulneración que sufren al verse inmersos en patios carcelarios con paramilitares, sin que sea respetado el DIH que contempla la separación de presos políticos, y su no exposición a riesgos mortales, como es el caso en Colombia. Los presos políticos en huelga de hambre llegaron a ser 617 [5], y fueron duramente castigados por la guardia [6]. La masiva huelga de hambre de marzo es la última en data de una serie de protestas de los presos políticos que son absolutamente silenciadas por los medios masivos, e incluso aún muy poco visibilizadas por una izquierda entumida por el miedo a la solidaridad con sus propios presos políticos; miedo que han sembrado décadas de terror de Estado, lo que constituye un fenómeno que analizaremos en otro texto. La huelga tenía una reivindicación muy concreta: que el estado colombiano permita la visita de una Comisión de Verificación sobre la situación de DDHH al interior de las cárceles colombianas. Algo legítimo y realmente humilde; pero hasta eso es negado por el estado, que obviamente no desea que una Comisión de DDHH pueda constatar las condiciones infrahumanas en que malviven los presos, y tomar testimonios de las torturas, porque si bien a muchos presos se los podría meter en calabozos, trasladar, aislar y amenazar para impedir que dieran testimonio de las torturas a la Comisión, hay casos aberrantes inocultables, y el grado extremo de hacinamiento y la insalubridad son igualmente inocultables.

3.    Retazos del olvido: presos políticos lisiados en patios paramilitares y asesinato de familiares para coaccionar a dar falsos testimonios


Sobre las torturas hay muchísimo que denunciar, las aberraciones cometidas contra los presos políticos se superan en horror unas a otras, y son cometidas al amparo del ostracismo e invisibilización: por ello la solidaridad con los presos políticos debe plantearse como una prioridad social. Hay presos que pasan años metidos en calabozos [7], hay golpizas, humillaciones, torturas físicas y sicológicas; hay presos empujados a la muerte porque se les niega la asistencia médica [8], presos ciegos y sin brazos, paralíticos, enfermos terminales que viven una tortura permanente, al serles negados incluso los medicamentos contra el dolor y al ser inmersos en patios llenos de paramilitares cuando están totalmente indefensos. Un caso revelador es el caso del preso político Oscar Elías Tordecilla, con los brazos amputados, que además devino ciego por la negación de la debida asistencia médica, y fue encarcelado en situación limite, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en un pabellón lleno de paramilitares, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH [9]Igualmente hay varios presos políticos y de guerra que han sufrido el asesinato de sus familiares porque se han negado a fungir como falsos ‘testigos’ para la policía en los montajes judiciales contra líderes campesinos, sindicalistas y activistas sociales. Un caso de este drama es el del presopolítico Carlos Iván Peña Orjuela. Carlos Iván ha sido sometido a presión por parte la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra líderes campesinos del Magdalena Medio. Ante su negativa de colaborar en montajes judiciales, la policía desapareció y asesinó a su hermano menor, luego encarceló bajo montaje judicial a la familiar que se ocupaba de su hijo y amenazó de asesinar también al niño de 6 años. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos denuncia:
fue presionado para que ‘colaborara’ pues de lo contrario ‘le iba a costar muy caro’ (…)el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres profirió amenazas de montajes judiciales en contra de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que ‘de pronto anochecía pero no amanecía’ el niño. Le dio un plazo para convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano.” [10]. Tras las amenazas vinieron mayores crímenes: “la desaparición forzada y homicidio del hermano menor del detenido político (…) la captura de María Yolanda Cañón, familiar a cargo de su hijo. El detenido político procedió a llamar al celular de María Yolanda, quien contestó fue el agente de la SIJIN Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a ‘colaborar’ seguirían (…) En palabras textuales: ‘Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos’. El CSPP denuncia las “actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar ‘resultados’ que desconocen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Prácticas compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como ‘falsos positivos’ y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas ‘capturas masivas’”[Ibíd.].

 4.  Lo propio de un estado represor es negar su accionar: 9.500 presos políticos son un retrato de la realidad colombiana

Paralelamente a la huelga de hambre nacional, el cinismo del estado llegó a tales niveles que voceros del gobierno salieron a negar la existencia de presos políticos en Colombia [11], cuando es bien sabido que hay miles de hombres y mujeres condenados por el“delito de rebelión” –tipificado en el mismo código- y condenados asimismo por su extensión más arbitraria de “terrorismo”, una categoría conceptual en la que cabe todo lo que le moleste al estado [12] y al gran capital de un país saqueado que busca ahogar el descontento social en el exterminio y entre rejas. De los 9.500 presos políticos que tiene el estado colombiano, se estima que cerca del 90% son civiles encarcelados por su actividad política, su pensamiento crítico, su oposición a las políticas depredadoras del medio ambiente: sindicalistas, ambientalistas, maestros, líderes agrarios, académicos críticos, abogados, médicos, defensores de derechos humanos… hasta los artistas son objeto de la persecución judicial [13]. Por otro lado, también es bien sabido que en Colombia hay un conflicto social, político y armado, y que en ese marco, los insurgentes apresados por el estado son presos políticos de guerra, porque su reivindicación es eminentemente política y porque hay una guerra. Pero el estado colombiano intenta tapar el sol con un dedo.


 5. Algo está destrozado en la balanza de la justicia

En Colombia se ha llegado a un extremo de clasismo que niega el trato humano a miles de presos políticos, mientras que impone que toda la sociedad priorice los temas que son impuestos desde las altas cúpulas del poder económico y político. La comparación entre la nula cobertura informativa sobre los presos políticos y de guerra en las cárceles por un lado, y por otro lado aquella híper-visibilización sobre los presos de guerra en la selva, destila el clasismo absoluto de la sociedad colombiana. Evidentemente los monopolios mediáticos distorsionan hasta la saciedad: llamando “secuestrados” a militares presos en combate, que son presos de guerra, y por otro lado omitiendo absolutamente a los presos políticos y a los presos políticos y de guerra en las cárceles colombianas.

Mientras la insurgencia de las FARC en un gesto humanitario libera a los 10 militares presos de guerra, caídos presos en combate, el gobierno colombiano sigue pisoteando todo humanitarismo e intensificando la represión contra la población: sigue con las capturas contra líderes sociales, con los montajes judiciales, con los bombardeos descomunales con toneladas de bombas que destrozan a los campesinos insurrectos mientras duermen [14]; con la persecución política allende las fronteras contra civiles e insurgentes viejos y enfermos [15]; el estado colombiano sigue con la tortura contra presos políticos y presos políticos de guerra. Los medios masivos explotan el drama humano de los 10 militares por años presos en la selva; pero no nombran a los miles de presos políticos en las cárceles, que sufren reiteradas torturas. Y lamentablemente, incluso aquellos que han puesto todos sus buenos oficios en obra para la liberación de los diez presos de guerra en la selva, no ponen el mismo empeño en la liberación de los presos políticos y de guerra en las cárceles: para los presos lo que se plantea es solamente una Comisión de Verificación, pero no se exige la liberación. Curioso país y curioso mundo que estima que unos humanos valen más que otros: por unos se exigió la liberación, por los otros se pide permiso a un estado -que lo niega- para una Comisión de Verificación. Algo está destrozado en la balanza de la justicia.

6. Aumento vertiginoso de judicializaciones, hacinamiento carcelario y condiciones degradantes


El estado hace constantes malabarismos para minimizar la envergadura del hacinamiento y el aumento exponencial de encarcelamientos: no obstante disponemos de las cifras reconocidas por el INPEC, y de informes de organizaciones de DDHH, como el informe presentado ante el Comité de Derechos humanos de la ONU [16], que expresa:
“En Colombia el índice de hacinamiento es de 41.7%. Un hacinamiento crónico muy alto que constituye por sí sólo un factor de violación de los derechos (…) imposibilita la convivencia pacífica entre los internos y les exige soportar condiciones de vida violatorias de su dignidad. (…) Eduardo Cifuentes, ponente de la sentencia que mostró la sistemática y alarmante violación de derechos fundamentales en las cárceles [expresa]: ‘durante las inspecciones judiciales realizadas a múltiples cárceles fue necesario suspender las diligencias en la noche, ante la imposibilidad de caminar sin pisar las cabezas de los reclusos que estaban acostados en el suelo.’ En penales como La Picota o Jamundí, ‘la luz solar no entra ni siquiera por un tiempo limitado.’ Hecho reconocido por el CDH como constitutivo de una violación de la dignidad. El hacinamiento también ha sido denunciado por instituciones internacionales y Gobiernos extranjeros. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que los prisioneros sufren malos tratos y hacinamiento. Las condiciones en que viven los presos en Colombia fueron tenidas en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para negar la extradición de una persona solicitada por las autoridades colombianas. De acuerdo con el Tribunal Europeo, el prisionero corría alto riesgo de ser objeto de malos tratos durante su detención, producto de las malas condiciones y de los abusos por parte de la guardia.(…)
Con respecto a las condiciones de salubridad existen serios problemas relacionados con el suministro de agua y la falta de higiene de los espacios comunales. La deficiente infraestructura trae problemas en el control de enfermedades infectocontagiosas y plagas. La Procuraduría denunció esta situación, diciendo que los penales se han convertido en cunas para ‘el desarrollo de enfermedades infecto-contagiosas como tuberculosis, lepra, varicela, hepatitis A, hepatitis B, VIH, sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, así como para infestaciones por vectores de plaga’.”

La privación de agua durante días en centros de reclusión como el de Valledupar, dónde las temperaturas rondan los 35- 40 grados, constituye un agresión contra la salud e integridad humana; los presos enferman debido al agua infectada, y las infecciones no tratadas por negación de asistencia médica han producido fallecimientos. Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice. Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y distintas ONG” [17]. En Bogotá y lugares más fríos, una de las prácticas lesivas para la salud de los presos es bañarlos con agua helada, y obligarlos a permanecer desnudos en patios con temperaturas que pueden rondar los 5 grados [18]. Denuncian los presos:

"Las instalaciones del ERON-Bogotá no cumplen con las normas mínimas consagradas por los protocolos internacionales (...) se nos obliga a hacer nuestras necesidades fisiológicas a la vista pública, violando el derecho a la intimidad; mientras que por patio se dispone de ocho duchas comunales para una población de 220 internos. La luz solar jamás entra al penal y las condiciones de iluminación y aireación son precarias; y no obstante las bajas temperaturas del penal, no se nos ha dotado de cobijas pero tampoco se autoriza su ingreso(...) la ausencia de cámaras dentro de los pasillos y patios, facilita la realización de actos ilícitos por parte de las autoridades penitenciarias." [19]
El Inpec informó que a marzo 2012 hay 105.474 personas en los 144 centros de reclusión. Además hay 22. 264 personas en detención domiciliaria, 1.678 en cárceles distritales, 1.198 en penales de la Fuerza Pública. Un total de 130. 614 personas privadas de la libertad. El hacinamiento alcanza el 39.5%, y aumenta día a día. A 31 de diciembre 2011 el hacinamiento era de 32.9%: el incremento es del 6.6% [20]. 


7. El negocio de privar de libertad: cárceles eternamente inconclusas e insalubres, y el Buró de EEUU

Hay un aumento vertiginoso de población carcelaria: “Tan solo en el 2011 ingresaron a los penales colombianos 55.112 reclusos, y hubo un aumento del 40% en la población carcelaria”[21]. El director del INPEC expresó que el estado va a: “Trabajar por un sistema de concesión, una privatización del sistema penitenciario” [22]. Se adopta el modelo estadounidense de privatización, con la vulneración de los derechos humanos que esto conlleva. La Campaña Traspasa los Muros denuncia: “El  índice de hacinamiento es un factor usado por el Gobierno para justificar la construcción de nuevas prisiones sin resolver de fondo la problemática, persistiendo un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles declarado por la Corte Constitucional mediante las Sentencias T-153/98 y T-606/98.”[23] Las políticas represivas devienen un negocio en sí, en desmedro de la vida e integridad de miles de humanos:
  “Plan estratégico de quienes ven los establecimientos de reclusión como un negocio y no se plantean políticas encaminadas a ‘buscar soluciones al hacinamiento por la vía normativa (despenalizar delitos, reducciones de penas, creación de subrogados penales, justicia terapéutica, detención domiciliaria, etc.).’ Por este enfoque de masificar el sistema carcelario y penitenciario, hablamos de la industrialización de las prisiones. A través de la USAID y del Buró Federal de Prisiones de EEUU, el gobierno estadounidense diseñó el proyecto para la construcción de nuevas cárceles(…) construcciones dirigidas al encierro y al asilamiento como forma de castigo. Según un informe de la Contraloría, ‘las obras que inicialmente se presupuestaron en $33.740 millones terminaron valiendo $908.156 millones, el costo de la gerencia del proyecto pasó de $2.300 millones a $8.338 millones y los plazos de 36 meses se extendieron a seis años y medio’. Además de los sobre costos se destaca que la entrega de las nuevas construcciones ha sido incompleta; obras sin finalizar(…) por lo que podríamos hablar de una corrupción deseada por parte de las instituciones con el fin de mantener este proyecto y a la vez, reforzar las condiciones inhumanas de encierro y no tomar medidas para cambiarlas. Estas nuevas cárceles se encuentran situadas en temperaturas extremas con construcciones que no responden a las condiciones bioclimáticas, afectando deliberadamente la salud física y mental de las y los reclusos.” [Ibíd.]

8.     Aumento de la represión, el problema es el modelo

La creación de nuevos cupos carcelarios es ínfima frente al desproporcional aumento de las judicializaciones. Asimismo el estado ha optado por elevar las penas. Como lo expresa un informe realizado por los mismos presos políticos y de guerra, de noviembre 2011:

“El problema es el modelo; un sistema que ejecuta la política criminal y penal con la visión del enemigo interno y regula el escenario político a través de la aplicación de la pena de prisión; un modelo que privilegia la perdida de la libertad como castigo al opositor y como arma de guerra contra la sociedad misma. El problema no es entonces el aumento de criminales, sino el aumento de sectores que son criminalizados y convertidos en criminales por las políticas represivas y de estigmatización aplicadas por el Estado en contra de diversos sectores sociales. (…) hay variadas formas de aplicación, para lograr el objetivo de utilizar la cárcel como castigo inclemente a los sectores populares y al opositor: estas son, las capturas masivas, los falsos positivos judiciales, los montajes judiciales, el pago de informantes, la criminalización de la protesta social, entre otras.
La cifra que manejan las organizaciones de Derechos Humanos con respecto a personas detenidas por motivos políticos en Colombia es de 7.500. Sin embargo, consideramos que es una cifra bastante conservadora en 2011 teniendo en cuenta el aumento desmedido en el número de personas que se encuentran sufriendo la privación de libertad. Aunque el número de internos en las cárceles aumenta y evoluciona constantemente, la cifra de 7500 se ha mantenido en la inercia desde hace años. A lo sumo se ha dicho 7.500 + 1, por causa de la captura del periodista Sueco Joaquín Pérez Becerra. Valdría la pena reconsiderar la cifra, teniendo también en cuenta la agudización del conflicto social y armado que se ha presentado en los últimos años y la utilización permanente del aparato judicial como instrumento de la guerra”.[24]

Gracias al incansable trabajo de los familiares, de las organizaciones solidarias con los presos políticos y a las valientes denuncias de estos, a inicios del 2012 se le da algo más de visibilidad al tema. Tras el encuentro “Colombia Entre Rejas” de febrero 2012,  se adopta efectivamente la cifra más realista de 9.500 presos políticos en Colombia, como cifra mínima referencial, a sabiendas que hay una estrategia permanente desde el estado de maquillar los encarcelamientos políticos.  

9.    En Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneros políticos: el estado se ensaña y maquilla la persecución política


La Campaña Traspasa los Muros expresa: La estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide extraditar personas por delitos políticos]”.[25]

A 31 enero de 2012, el INPEC informa que de las 102.292  personas privadas de libertad a la fecha, hay 21.199 personas asociadas a ‘delitos que atentan contra la existencia y seguridad del Estado’: “Teniendo en cuenta que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que las y los prisioneros políticos sean juzgados por delitos comunes, al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes, se puede estimar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y prisioneros políticos”.[26]

Al perseguido y condenado político se lo invisibiliza desnaturalizando el carácter político de su reivindicación, y se disfraza el ensañamiento estatal contra la oposición política endilgándole a las víctimas de montajes judiciales un sinnúmero de delitos comunes, asimismo se les endilga a los perseguidos políticos civiles el ‘delito de rebelión’: “Los prisioneros políticos denuncian que son sometidos a chantaje judicial por parte de funcionarios de la Fiscalía General, con el propósito de aceptar cargos por rebelión, bajo el argumento de correr riesgos de ser condenados por más delitos y ser sentenciados a altas penas privativas de la libertad.” [íbid]

“El no reconocimiento de la condición política de las y los prisioneros políticos conlleva a que no sean separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo, convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza constante su vida. Esta situación de riesgo se extiende a familiares, por este motivo muchos prisioneros políticos piden a sus seres queridos que no les visiten para disminuir las posibilidades de agresiones”. [27]


10. Llamado a mayor solidaridad nacional e internacional: La exigencia de libertad para los presos políticos es un imperativo en el camino hacia una verdadera paz con justicia social


Hace falta encaminar de manera urgente la solidaridad con este colectivo humano, castigado por su pensamiento crítico y su lucha social, cuya existencia es testimonio de la realidad represiva que sufre Colombia. Los presos políticos, sus familiares y las organizaciones que los apoyan hacen reiterados llamados a la comunidad nacional e internacional a que se exija el cese de la tortura y el cese de la tortura de negación de asistencia médica; a que se revisen las condenas desproporcionadas impuestas a los presos políticos y de guerra; a que se cese la modalidad de ‘secuestro carcelario’ que tiene a miles de seres humanos presos por años sin juicio; a que cesen los montajes judiciales y la utilización de falsos ‘testigos’ pagados o coaccionados; a que cese el aislamiento familiar como forma de tortura adicional; a que se respete el DIH y se haga la debida separación de los presos políticos y los paramilitares; a que se exija la puesta en libertad de los enfermos terminales y personas paralíticas o lisiadas, que por su situación demandan casa por cárcel, medida que les es sistemáticamente negada, cuando sí que se les otorga de manera sistemática esta medida a los pocos miembros de la oligarquía que en rarísimas ocasiones pagan condenas –irrisorias- por conformar paramilitarismo o/y practicar desfalcos billonarios al presupuesto público. Otra de las exigencias urgentes es que cesen los asesinatos, las desapariciones, las agresiones y amenazas contra los familiares y abogados de los presos políticos. Los familiares han sido víctimas de una política del terror de estado que busca castigar a los presos políticos, y sobretodo obligar a los presos políticos a colaborar con la policía y dar falsos testimonios en los montajes judiciales contra los miembros de organizaciones sociales.

Los presos, familiares y defensores de DDHH, también piden a la comunidad nacional e internacional que se exija el des-hacinamiento carcelario y que no sea a través de la lógica represiva de construir más y más cárceles, lo que no soluciona el problema dado el aumento exponencial de encarcelamientos: se trata de cuestionar las políticas penales y la utilización del aparato judicial como un arma de guerra contra la población y sus reivindicaciones. La exigencia de libertad para los presos políticos es un imperativo en el camino hacia una verdadera paz con justicia social y tolerancia política.