LAS PRISIONES DE COLOMBIA UN PROBLEMA DE TODOS

Actualmente hay alrededor de 115.000 personas detenidas en las prisiones colombianas. De éstas, aproximadamente el 94% son hombres y el 6% mujeres; el 70% son condenados, mientras que el 30% restante son sindicados. El 35% de los sindicados del país, quienes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, llevan más de un año presos, y el 15% más de dos años. El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años tras las rejas; el 39% entre 6 y 20 años, y el 16% restante más de 20 años.

Todas estas cifras se hacen más reveladoras si se tiene en cuenta que, en las condiciones actuales, estar privado de la libertad en una cárcel colombiana, en la inmensa mayoría de los casos, constituye una experiencia dolorosa e inhumana, dadas las precarias condiciones de vida que los centros de reclusión a cargo del Estado ofrecen a los presos: a pesar de la construcción de diez nuevas prisiones, que generaron 22.000 nuevos cupos a un costo de 1,2 billones de pesos, la gran mayoría de la infraestructura de las prisiones colombianas es obsoleta, por lo que no está en condiciones de albergar de manera digna a una población del tamaño de Sogamoso o Zipaquirá; los servicios de salud son escasos y deficientes; las condiciones de salubridad e higiene son tan pobres que las personas detenidas sufren de manera desproporcionada frente al resto de la población de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis. A lo anterior debe sumarse la mala alimentación, la violencia y los maltratos, físicos y psicológicos, a los que se ven sometidos los reclusos.

La lamentable situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en buena medida por las altas cifras de hacinamiento del sistema, hoy en día cercano al 30% (igual al promedio de los últimos 20 años), pero que en algunos establecimientos más grandes, como la Modelo y la Picota en Bogotá, Bellavista en Medellín, y Vistahermosa en Cali, supera el 100%. Por esto no es de extrañar que una de las supuestas finalidades de la prisión, la resocialización de los reclusos, sea un objetivo inalcanzable, pues no existe ni la infraestructura ni los medios suficientes para ofrecer programas de educación y trabajo que ayuden a los reclusos a reintegrarse a la sociedad.

La falta de oportunidades de integración al mercado laboral de quienes salen de prisión, en su mayoría hombres de entre 18 y 30 años con bajos niveles educativos, explica en un alto grado los significativos niveles de reincidencia de la población reclusa colombiana: entre 2002 y 2010, en promedio, el 15% de esta población era reincidente; de ésta, el 30% lo era por el delito de hurto, que a su vez es el delito por el que más personas terminan en prisión.

El anterior panorama evidencia que la prisión colombiana no es otra cosa que una forma brutal de castigo e incapacitación, pues es todo lo que hace, de miembros de los sectores más pobres y marginales de nuestra sociedad.

A pesar de que lo anterior es suficiente para cuestionar la función que cumplen las cárceles colombianas, queda un argumento popular entre los gobiernos y buena parte de la población: la prisión y su dureza cumplen con fines de disuasión social y retribución que deberían llevar a la reducción de la criminalidad o, al menos, a su justo castigo. Sin embargo, ambos argumentos son débiles. En cuanto a la disuasión, a pesar del endurecimiento de la política criminal, que se refleja en el aumento significativo y constante de la población carcelaria (un 292% entre 1994 y 2011), los índices de criminalidad en Colombia son altos bajo estándares internacionales y han tendido a aumentar notablemente (casi un 72% entre 1994 y 2008). Por lo tanto, la prisión no cumple de forma significativa con una función disuasiva.

La pretendida justicia retributiva del castigo es cuestionable por dos razones: primero, porque éste es desproporcionado e inequitativo, como lo demuestran el aumento descontrolado de las personas presas, que no se corresponde con el aumento de la delincuencia, y el hecho de que se aplique principalmente a personas pobres y excluidas. Segundo, porque en un Estado de derecho el fin retributivo de la pena jamás justifica que su ejercicio conlleve la violación continua de los derechos humanos de los detenidos.

Bajo estas condiciones, el poder de castigar del Estado pierde toda legitimidad. Y sin embargo, el gobierno actual, como sus antecesores, parece atrapado por una lógica que pretende darnos más de lo mismo: nuevas prisiones (está planeada la construcción de 5 dentro de los próximos 3 años) y penas más largas. Esta es una política pública errada, costosa e injusta. Por esto las cárceles sí son un problema de todos los colombianos, quienes debemos exigirles más a nuestros gobernantes para que tomen decisiones razonables e incluyentes, dignas de un régimen que se proclama democrático.

*Profesor y director del Grupo de Derecho de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

En Colombia también hay cárceles a punto de estallar

Lo ocurrido en Honduras obliga a mirar la situación de los penales en el país, con un hacinamiento del 33%

Por Colprensa Y Área Nación | Publicado el 19 de febrero de 2012

Las dramáticas imágenes de la tragedia en el penal de Comayagua, en Honduras, en las que 357 reclusos murieron calcinados, conmocionaron al mundo.

Comayagua, una cárcel diseñada para 250 reclusos, albergaba 852. El hacinamiento y la superpoblación son problemas que afectan a muchas cárceles latinoamericanas.

La de Bellavista, en Medellín, sobrepasa en 200 por ciento su población carcelaria, pues alberga más de 4.800 internos por encima de su capacidad.

"El mayor problema de las prisiones en Latinoamérica es la superpoblación. Las prisiones albergan un 30 por ciento más de reclusos de lo que deberían, pero en muchos casos se llega hasta el 100 por ciento (de más), lo que propicia las tragedias", dijo Rupert Colville, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en respuesta a lo ocurrido en Honduras.

En Colombia, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), divulgados en diciembre pasado, el hacinamiento alcanza el 33 por ciento.

La población carcelaria es cercana a los 92.000 reclusos, en los 144 centros penales del país.

Y aunque la construcción de diez nuevas cárceles en el país, en los últimos seis años, logró reducir en 2010 el hacinamiento a un 24,2 por ciento, la aplicación del Código Penal no permite una descongestión efectiva de las cárceles.

En noviembre del año pasado, según cifras del Inpec, la población de reclusos aumentó en 844 internos. Y en 2010, las estadísticas señalaban que entre enero y diciembre, el número de internos promedio creció en 640 al mes.

Como lo ha explicado el director del Inpec, coronel Gustavo Adolfo Ricaurte , esa tendencia al crecimiento obedece a la aplicación de la política penal del Estado colombiano, esto es, un Código Penal que castiga con más penas privativas de la libertad.

Y es que por cada cuatro reclusos que ingresan a las cárceles solo uno recobra su libertad.

El representante Iván Cepeda calificó la situación como una bomba de tiempo. "Lo hemos dicho en repetidas oportunidades: hay cárceles que son bombas de tiempo. Los niveles de hacinamiento, el nivel de desprotección con respecto a las políticas penitenciaria y carcelaria, hacen que la situación sea alarmante en materia de derechos humanos", dijo el congresista.

Manejo de la prevención

Aunque en Colombia no se recuerda una tragedia similar a la de Comayagua, sí han ocurrido incendios al interior de las celdas de los reclusos. Uno de los más recientes ocurrió en la cárcel de Ternera, en Cartagena, en 2008.

En esa oportunidad Jorge Eliécer Granados Urdaneta , de 23 años, fue víctima de las llamas luego de que un compañero de celda, frustrado, al parecer, porque no lo trasladaron, le prendió fuego a una colchoneta mientras otros presos dormían.

"Allí siempre ha sido un inconveniente tratar de establecer algún plan de choque para actuar en caso de una emergencia, no hay disposición por parte de las directivas del penal para ello. Ni siquiera sabemos si hay extintores", dijo un integrante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Situación similar ocurre en Bogotá, donde el contacto entre las directivas de los penales (La Modelo y La Picota, para hombres, y El Buen Pastor, para mujeres) y los integrantes de Bomberos es prácticamente nulo.

En Honduras, el jefe de ese cuerpo de socorro, Leonel Silva , les manifestó a los medios locales que los guardias de la penitenciaría les impidieron el ingreso, porque pensaron que el incidente era una excusa para una fuga.

Si a eso se suma el testimonio de los reos sobrevivientes, se hace urgente pensar que en Colombia es necesario revisar los planes de mitigación y evacuación en los penales nacionales, sin descuidar, obviamente, la seguridad para evitar escapes de detenidos.

Según Fabricio Contreras , preso hondureño, que las puertas que de la sección de las celdas dan a los patios estaban cerradas y que nadie les abría. Por su parte, José Rivas , también interno de esa cárcel hondureña, dijo que vio a sus compañeros pegados a las rejas tratando de salir, "pero que se quedaron allí pegados y quemados".

"Lo de Honduras, sin duda, prende las alarmas y es un mensaje para que desde el Inpec se revisen los planes de evacuación en las cárceles colombianas, y, de ser necesario, se actualicen. No solo para cárceles como Bellavista, sino para otros centros penales del país", dijo Jairo Herrán Vargas , personero de Medellín.

En ese lugar, además, dijo que los pocos extintores que hay no son suficientes para atender a la población carcelaria. De hecho, reveló que la próxima semana hará una visita al reclusorio para establecer si esos elementos cumplen con la normatividad exigida por los organismos de socorro.

Hacinamiento y superpoblación se unen a otros problemas que afectan a las cárceles colombianas: corrupción, violencia, delito. ¿Una verdadera bomba de tiempo?