martes, 20 de mayo de 2014

LA ACTUACION POR PARTE DE LOS PADRES DE LAS LEYES FRENTE AL HACINAMIENTO

El movimiento Mira, a través del senador Carlos Alberto Baena, le propuso al gobierno nacional que decrete la emergencia social ante la crisis que viven las cárceles del país y que cree una Mesa Nacional de Concertación que permita elaborar un nuevo Código Nacional Penitenciario.

De acuerdo con el legislador, hay una inminente amenaza de orden público y social derivada "de un pésimo manejo carcelario".

Esta situación según Baena "se ha originado por falta de voluntad política, negligencia administrativa, corrupción, un lento y débil sistema judicial y falta de políticas de rehabilitación de los internos".

Baena criticó que durante varios años el gobierno sólo se ha preocupado por llenar las cárceles y hoy parecen “galpones de pollos”.

Recordó que hay 21 cárceles con los internos en huelga de hambre, escasez de guardianes, índices de reincidencia del 30%, cárceles sin servicios públicos y en algunos casos con agua no apta para el consumo humano, entre otros problemas.

Según Baena, su propuesta de declarar la emergencia permitiría, a través de decretos expedidos por el Gobierno, descongestionar los trámites de libertad pendientes, apropiar los recursos necesarios para aumentar los cupos y garantizar los procesos de rehabilitación, cumplir con la protección de los derechos humanos, procesos meritocráticos en la selección de los profesionales y guardianes que laboran en las cárceles.

Las cárceles de Colombia son una catástrofe: Cámara de Representantes
Esta es la conclusión de la comisión de la Cámara de Representantes que visitó las cárceles del Buen Pastor y La Picota en Bogotá, con el fin de reunir información para el debate de control político sobre la crisis carcelaria, que se adelantará este martes en la plenaria de la corporación. 

De primera mano, los congresistas pudieron comprobar precarias condiciones sanitarias y de derechos humanos en pabellones donde existe un hacinamiento de hasta el 400 por ciento.

Según testimonios y relatos de los internos, la corrupción al interior de los penales es ‘pan de cada día’.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009. Es decir que el déficit es de 12.906 cupos, sin contar la situación de 
hacinamiento antes de este incremento.

El Inpec asegura que la tasa de sobrepoblación es de 45%, y confirma que de los 142 establecimientos de reclusión que administra, hay tres que tienen el mayor índice: 

Riohacha, con capacidad para 100 internos y hoy cuenta con 427 (hacinamiento: 327%)

Bellavista, en Medellín, construida para 2.424, pero tiene 7.472 (hacinamiento: 208%)

La Modelo de Bogotá, cuya capacidad es de 2.907 internos, pero alberga a 7.839 (hacinamiento: 169.7%)

El representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, denunció que en la cárcel La Picota hay unas instalaciones con gran cantidad de equipos médicos de última tecnología listos para utilizar, pero están abandonados por la empresa Caprecom.

Se espera que durante la discusión, el Polo Democrático y Cambio radical le reiteren a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, su posición sobre la necesidad de la salida del actual director del Inpec.

El Gobierno anunció la construcción de seis nuevas megacárcles
El anuncio se hizo previo al debate de control político citado por la Cámara de Representantes.

Según el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, las megaobras se harán con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento como colaborador a la hora de estructurar las licitaciones que se adjudicarían en el mes de septiembre.

Ricaurte señaló que estos proyectos de infraestructura se podrían terminar en un plazo máximo de 2 años y albergarán a 26 mil presos que hoy se encuentran hacinados.

Aunque no se especificó el monto de la inversión, se indicó que los recursos saldrían de la Superintendencia de Notariado y Registro.

El movimiento Mira, a través del senador Carlos Alberto Baena, le propuso al gobierno nacional que decrete la emergencia social ante la crisis que viven las cárceles del país y que cree una Mesa Nacional de Concertación que permita elaborar un nuevo Código Nacional Penitenciario.

De acuerdo con el legislador, hay una inminente amenaza de orden público y social derivada "de un pésimo manejo carcelario".

Esta situación según Baena "se ha originado por falta de voluntad política, negligencia administrativa, corrupción, un lento y débil sistema judicial y falta de políticas de rehabilitación de los internos".

Baena criticó que durante varios años el gobierno sólo se ha preocupado por llenar las cárceles y hoy parecen “galpones de pollos”.

Recordó que hay 21 cárceles con los internos en huelga de hambre, escasez de guardianes, índices de reincidencia del 30%, cárceles sin servicios públicos y en algunos casos con agua no apta para el consumo humano, entre otros problemas.

Según Baena, su propuesta de declarar la emergencia permitiría, a través de decretos expedidos por el Gobierno, descongestionar los trámites de libertad pendientes, apropiar los recursos necesarios para aumentar los cupos y garantizar los procesos de rehabilitación, cumplir con la protección de los derechos humanos, procesos meritocráticos en la selección de los profesionales y guardianes que laboran en las cárceles.

Las cárceles de Colombia son una catástrofe: Cámara de Representantes

Esta es la conclusión de la comisión de la Cámara de Representantes que visitó las cárceles del Buen Pastor y La Picota en Bogotá, con el fin de reunir información para el debate de control político sobre la crisis carcelaria, que se adelantará este martes en la plenaria de la corporación.

De primera mano, los congresistas pudieron comprobar precarias condiciones sanitarias y de derechos humanos en pabellones donde existe un hacinamiento de hasta el 400 por ciento.

Según testimonios y relatos de los internos, la corrupción al interior de los penales es ‘pan de cada día’.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009. Es decir que el déficit es de 12.906 cupos, sin contar la situación de
hacinamiento antes de este incremento.

El Inpec asegura que la tasa de sobrepoblación es de 45%, y confirma que de los 142 establecimientos de reclusión que administra, hay tres que tienen el mayor índice:

Riohacha, con capacidad para 100 internos y hoy cuenta con 427 (hacinamiento: 327%)

Bellavista, en Medellín, construida para 2.424, pero tiene 7.472 (hacinamiento: 208%)

La Modelo de Bogotá, cuya capacidad es de 2.907 internos, pero alberga a 7.839 (hacinamiento: 169.7%)

El representante Iván Cepeda, del Polo Democrático, denunció que en la cárcel La Picota hay unas instalaciones con gran cantidad de equipos médicos de última tecnología listos para utilizar, pero están abandonados por la empresa Caprecom.

Se espera que durante la discusión, el Polo Democrático y Cambio radical le reiteren a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, su posición sobre la necesidad de la salida del actual director del Inpec.

El Gobierno anunció la construcción de seis nuevas megacárcles

El anuncio se hizo previo al debate de control político citado por la Cámara de Representantes.

Según el director del INPEC, general Gustavo Adolfo Ricaurte, las megaobras se harán con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento como colaborador a la hora de estructurar las licitaciones que se adjudicarían en el mes de septiembre.

Ricaurte señaló que estos proyectos de infraestructura se podrían terminar en un plazo máximo de 2 años y albergarán a 26 mil presos que hoy se encuentran hacinados.

Aunque no se especificó el monto de la inversión, se indicó que los recursos saldrían de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Farc amenazan a director y guardianes de la cárcel Bellavista

Según el director de ese penal, mayor Fabián Ríos, la declaración de objetivos militares hecha en su contra y el cuerpo de guardianes del Inpec es una represalia por los operativos que se han realizado al interior de la cárcel Bellavista en los patios en que estaban miembros de esa agrupación subversiva y en los cuáles han sido decomisados armas y explosivos.

Las amenazas se conocieron a través de un comunicado enviado por el Frente Antonio Nariño del Bloque Iván Ríos, en el que acusa a las directivas de la cárcel y el personal de guardianes de tomar parte en el conflicto social y armado, atendiendo una política orquestada por el Inpec de acabar con los espacios para los prisioneros políticos.

El director de la cárcel de Bellavista indicó que las amenazas son algo que se veía venir luego de que en los registros de control que se realizan al interior del penal fueron halladas dos armas de fuego y cinco granadas de fragmentación en el pasillo conocido como Cuba en el patio ocho, en donde estaban recluidos miembros de las Farc.

El mayor Ríos indicó que a raíz de estos hallazgos se ordenó el traslado de varios reclusos que estaban patrocinando la tenencia de estas armas, y que el decomiso y estos traslados pueden ser el motivo de las amenazas.


El director de la cárcel de Bellavista desmintió que los reclusos de ese penal se hayan declarado en desobediencia civil en respaldo a las protestas que se adelantan en 19 penales del país, y señaló que así fue constatado por una Comisión de la Cruz Roja Internacional que estuvo de visita hoy en el penal.

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